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En su calidad de presidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Juan Francisco Ealy Ortiz, condenó el secuestro que mantiene bajo cautiverio a periodistas desde el pasado lunes en Durango, e hizo un llamado para que la autoridad abandone la inactividad que le ha caracterizado frente a las reiteradas agresiones contra informadores. El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz planteó que tanto el gobierno federal como el Congreso y el sistema judicial, lo mismo que los gobiernos estatales, deben mostrar capacidad para encontrar «nuevas fórmulas de colaboración y un mayor compromiso» para enfrentar la ola de violencia contra periodistas, que durante el presente sexenio ha costado la vida a más de 50 trabajadores del gremio, mientras que más de 10 se hallan desaparecidos.
Ealy Ortiz manifestó su certeza de que tanto el gremio periodístico como la industria de los medios de comunicación deben igualmente enfrentar unidos este problema «mediante acciones que eleven el reclamo de justicia, fortalezcan la prevención en coberturas de alto riesgo y garanticen el derecho a saber por parte de la comunidad, esencia de la libertad de expresión».

Solidaridad. Expresó su solidaridad con las familias y compañeros de los reporteros que desde el pasado día 26 fueron secuestrados, presumiblemente por grupos del crimen organizado.
En esa fecha, periodistas del Grupo Multimedios, del Grupo Televisa y del diario local «El Vespertino» fueron plagiados cuando cubrían un motín en el penal número dos de Gómez Palacio, Durango. Asimismo, recordó que el pasado 16 de febrero la SIP organizó un foro con editores regionales, precisamente en Durango. Los asistentes firmaron la llamada «Declaración de Durango», en la que reclamaron a las autoridades nacionales y estatales su incapacidad para combatir el clima general de violencia ; reiteraron su llamado a una reforma legal que permita federalizar los crímenes contra periodistas, y pidieron asuntos concretos como la creación de vocerías conjuntas –policía federal, PGR y Ejército– con el fin de que los medios de comunicación puedan acceder a información oportuna y transparente sobre sucesos violentos.